ÍNDICE
INTRODUCCIÓN.................................................................................... 1
EL NARCOTRÁFICO Y SU INFLUENCIA EN LAS FUERZAS ARMADAS 2
Lo militar desde la ética.............................................................. 2
Doctrina militar ¿aplicable hasta qué punto?.................. 3
La lucha antinarcóticos como conflicto de baja intensidad 5
Visión actual de la funcionalidad militar.......................... 7
Formas de transición democrática y visión del fenómeno como guias de la perspectiva militar............................................................. 9
Bolivia y su experiencia.............................................................. 11
Penetración del narcotráfico a FFAA y PN provoca expulsión de 820 miembros en República Dominicana.................................... 12
CONCLUSIONES.................................................................................. 13
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................... 14
INTRODUCCIÓN
El control de los narcóticos ilícitos ha sido reconocido como un serio problema interno e internacional, para todas las naciones del hemisferio, y muy especialmente para el gobierno de los Estados Unidos. Constituye un problema tan grave, que la noción de "lucha contra el narcotráfico" se ha transformado en una hipérbole política en la pregunta: ¿Es conveniente utilizar las fuerzas armadas en América Latina, para controlar el uso de drogas?
Las fuerzas armadas por su parte enfrentan los cambios más dramáticos de la época posterior a las guerras mundiales, lo que ha llevado a muchos a afirmar que ellas son un lujo caro e innecesario en este flamante "mundo de paz". Esta premisa ha llevado a los gobiernos a lograr la paulatina reducción de su gasto militar, con el correspondiente achicamiento de sus ejércitos. Consecuentemente, los estrategas militares buscan afanosamente integrarse en el virtualmente reinante esquema de seguridad regional, lo que a su vez implica la redefinición e identificación de su “nuevo enemigo”.
En esta visión militar, las actuales “verdaderas” amenazas a la seguridad de los estados, parecieran venir ligadas a lo delictivo; la visión configura una desvinculación de lo que tradicionalmente ha sido la razón de ser de lo militar, que adquiere en el presente una connotación policial, y va cediendo su natural espacio de acción a organismos que exceden lo estrictamente estatal.
EL NARCOTRÁFICO Y SU INFLUENCIA EN LAS FUERZAS ARMADAS
Lo militar desde la ética
Para pensar en cambios al ethos militar, es preciso tener claro que la naturaleza de las políticas modernas de defensa, han establecido complejos límites éticos a la profesión militar. Esta complejidad tiene mucho que ver con las virtudes ético-militares tradicionales en este campo, así como la definición entre aquello que es aceptable o no para el militar.
Esto significa la discriminación de lo bueno y lo malo en el accionar de un soldado, que ha dado como resultado una serie de normas morales de comportamiento, que se plasman como un Código Etico del combatiente, y constituyen los mandamientos del soldado, que se resumen del siguiente modo:
1. Combatir sólo a los adversarios y atacar sólo objetivos militares.
2. No causar más destrucción que la que exige la misión.
Desafortunadamente, ante la modificación de funciones, aquel soldado formado bajo cánones éticos, pierde el norte de su accionar, ya que se encuentra de repente ante situaciones que exceden aquellas para las que fue preparado: Al enfrentarse a un campesino desarmado, aparecen en su conciencia cuestionamientos tales como: ¿Qué figura representa aquel, un enemigo, un compatriota, un delincuente? Por otra parte, ¿Cómo actuar en esas circunstancia, como soldado, compatriota, o finalmente como policía? ¿Es una vivienda campesina un objetivo militar? ¿Cuánta destrucción exige su misión, y qué significa en este caso? ¿Ese campesino es un prisionero, o un detenido por actos delincuenciales? Y en este caso, ¿el soldado es un combatiente, o un gendarme?
Muy distinto es el caso de la aparición de una fuerza organizada militarmente, regular o irregular, que planea estrategias y tácticas para contrarrestar los ataques militares, y que puede llegar incluso a poner en peligro la integridad del Estado Nacional legalmente constituido. En ese caso, la ética de la acción militar encuentra plenamente su justificativo.
Doctrina militar ¿aplicable hasta qué punto?
En el entendido de que la doctrina debe considerarse como "prescripciones oficialmente aprobadas de la mejor manera de ejecutar una tarea", y en función a los cambios que en los sistemas de seguridad se están produciendo, es indudable la urgencia de la reformulación de la doctrina militar, de manera que mute acorde a este proceso evolutivo.
La doctrina comprende leyes de aplicación local; en este sentido, debe ser la necesidad de cada realidad específica la que comande los cambios doctrinales de los ejércitos nacionales. Es preciso relacionar la evolución de las fuerzas armadas con su propia historia y decidir qué condiciones objetivas existen, a fin de considerar la necesidad de modificaciones en lo doctrinal; para ello, las referencias históricas dan significado a la doctrina y nos permiten comprender los cambios a medida que vayan ocurriendo.
Los estados han definido los roles de sus ejércitos en función de las tradicionales amenazas de su entorno; en realidad, la historia del mundo ha sido la historia de la guerra, y esta premisa lastimosamente no ha cambiado. De allí la normatividad jurídica sobre lo militar que se ha producido en cada estado particular. En ella se determina su accionar en los diferentes campos que les incumbe, evitando en lo posible la invasión de aquellos correspondientes a otras instituciones también componentes esenciales de la estructura estatal. Las leyes militares establecen las bases orgánicas y funcionales de sus respectivas instituciones.
Es en este marco que debemos analizar el carácter y naturaleza de los principios institucionales que proponen las leyes estatales para los militares, sin perder de vista que como instrumento de control social es esencial e inherente a la existencia del estado nación. De este modo, se configura la existencia institucional como un elemento permanente de los estados, sustentando ciertos principios doctrinarios fundamentales que entre otros son:
a) Preservar el mandato constitucional, la paz, la unidad nacional, y la estabilidad de las instituciones democráticas de ese estado.
b) Constituir junto a la sociedad civil, el baluarte de la Seguridad Nacional y de defensa soberana del estado; contribuir a su bienestar general; servir como sostén de la democracia y de los derechos y garantías ciudadanas.
Para ello, las leyes otorgan al Presidente de la República la jerarquía de Capitán General de las FFAA, quien en uso de la facultad que aquellas le confieren, dispondrá el empleo de las fuerzas militares para:
1. En lo externo, preservar la existencia, soberanía e independencia del territorio estatal, y
2. en lo interno, mantener el orden público, cuando las instituciones legalmente constituidas para este fin, resultaren insuficientes.
Es de importancia capital interpretar correctamente el segundo punto de las modalidades del empleo de fuerzas militares. El orden interno está normalmente al cuidado de los organismos creados para ese fin, es decir, los organismos policiales o gendarmerías. Cuando el problema supere la capacidad de estos organismos para solucionar los problemas de este ámbito, el Poder Ejecutivo está facultado para hacer uso de las fuerzas armadas, y no antes, pues aquello supondría una distorsión de sus funciones habituales.
La lucha antinarcóticos como conflicto de baja intensidad
Los innumerables esfuerzos de las sociedades por establecer sistemas de cooperación, tienen resultados relativos al momento de tener que definir situaciones conflictivas. En la construcción del presente y futuro de las sociedades, la existencia del Estado se configura en la permanente búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y propósitos diversos, que originan un complejo encadenamiento de objetivos.
Para comprender la figura delictiva o conflictiva de la lucha contra las drogas, y su relación con el accionar militar, es preciso entender esos objetivos estatales y su relación con aquello que se entiende por Conflicto de Baja Intensidad, una forma de confrontación político-militar entre un Estado y grupos que operan por debajo de lo que significa una guerra convencional; frecuentemente involucra luchas entre principios e ideologías en competencia. Se lleva a cabo por una variedad de formas, empleando instrumentos militares, políticos, económicos, informacionales, etc. La respuesta básica ante su presencia, es el empleo de fuerzas armadas, fuerzas policiales y autoridades políticas en conjunto, ya que los factores no militares desempeñan un papel de mucha importancia. Un Conflicto de Baja Intensidad, no puede ser encarado con soluciones exclusivamente militares, porque se hallan involucrados factores paralelos, como los sociales, económicos y políticos, cuya estabilidad y permanencia constituyen parte de los objetivos del estado.
La incorporación militar en la lucha antidroga, obedece a la interpretación del fenómeno narcotráfico, dentro de esa figura de conflicto. Sin embargo, por la naturaleza específica del problema, es decir, la ausencia de ideologías en disputa, la no utilización de los instrumentos militares ni informacionales por parte del lado no estatal, y principalmente la ausencia de una pugna por el poder político, quizás es preciso reconsiderar la categorización del narcotráfico desde esa óptica, así como su solución desde un ámbito distinto al militar.
Visión actual de la funcionalidad militar
Sin embargo de la diferencia que se presenta en la configuración del narcotráfico como un conflicto militar, surge una visión que se define en la Cumbre de Miami, celebrada entre el 9 y 11 de diciembre de 1994, donde los esfuerzos se dirigen al diseño de una nueva agenda de seguridad, que plantea la redefinición de las premisas de seguridad, orientándose más hacia el logro de los siguientes objetivos:
a. La defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos.
b. La lucha contra las nuevas amenazas que representan el narcotráfico y el deterioro del medio ambiente.
c. La acción conjunta contra el terrorismo, y
d. La participación de las fuerzas armadas latinoamericanas en misiones de paz.
De esta manera se siembra la semilla de la transformación de las fuerzas armadas en la región, que continúa siendo un tema difuso, del que no se tiene una idea clara, menos todavía de las implicancias para las instituciones afectadas, que buscan existir conservando al menos parte de su morfología tradicional.
En la década de los 60 y 70, y principios de los 80, la visión militarizada de la sociedad dio como resultado la hegemonía de la Doctrina de Seguridad Nacional, para lo cual fue fundamental el papel que desempeñaron las fuerzas armadas de los países que la experimentaron. Entonces, los militares eran la punta de lanza para desarrollar la estrategia de control de espacios de poder estatal. Pasada esa época, con el retorno de los modelos democráticos, el papel de las fuerzas armadas comienza a sufrir modificaciones profundas. Se inician procesos de desmilitarización de esas sociedades, con un marcado control civil sobre estas instituciones, que crea el marco de su transformación hacia una nueva funcionalidad.
Pero este cambio no es sencillo; consiste en primer lugar en un intento de imponer condiciones de paz a nivel regional y mundial, caracterizado por la necesidad de reinserción de los estados en las economías y ambientes políticos dominantes; por otra parte, se presenta la urgencia de gestionar procesos de integración regional, como condición básica del equilibrio, que se expresa prioritariamente en la transformación de los mecanismos de defensa.
Consecuentemente, la transformación de lo militar tiene tres características: En primer lugar, se refiere a la reducción de sus efectivos y armamentos, en segundo lugar, a su profesionalización, y en tercer lugar, a encarar nuevas misiones. Si bien los militares han aceptado las condiciones de cambio que les han impuesto las autoridades civiles, manifestando una subordinación legal y legítima; respecto de la primera característica, continúan luchando para evitar esa reducción; aún más, han aceptado esas nuevas misiones que les permiten conservar aunque de manera relativa, el tamaño y estructura anterior, además de presentarles nuevas formas de profesionalización.
En cuanto a la tercera característica, que se ha tornado en la más crítica, ellos han invadido espacios de otras instituciones estatales, ocasionando problemas internos en sus sociedades. Se trata ahora de definir la separación clara entre lo que se considera funciones de defensa, y aquellas que corresponden al orden interno. Pareciera que actualmente se ha perdido de vista la diferencia que existe entre funciones policiales y de defensa. Es muy importante tener claro el concepto de los tipos de problemas con que se enfrenta el estado, cuales son los problemas que deben resolver los ejércitos y los aparatos policiales. Este es un dilema que todavía no ha sido resuelto, ni siquiera en los Estados Unidos, y que sin embargo ya está redefiniendo los roles militares en los países del continente americano.
Formas de transición democrática y visión del fenómeno como guías de la perspectiva militar
Para entender la nueva visión, y la aceptación o rechazo por parte de los ejércitos latinoamericanos, se puede partir de las modalidades de transición hacia la democracia y su influencia en ellos. Al respecto, para la transición, se dieron dos modelos básicos de relación entre el poder civil y el poder militar:
- El modelo de ajuste autónomo con capacidad de veto contra el poder civil (Brasil, Chile).
- El modelo de acomodamiento, sin capacidad de influencia política, manteniendo una autonomía en decisiones referidas a asuntos internos de los militares, lo cual implica un compromiso débil e integración negativa o pasiva (Argentina, Bolivia).
La forma adoptada, ha permitido a los ejércitos mantener cierto grado de autonomía y capacidad de decisión en cuanto a los cambios en sus tareas tradicionales, al menos en un momento inicial del ajuste. Dependiendo de cual de las modalidades de transición democrática se adoptaron en los países latinoamericanos, a finales de la década de los 80, se puede comprender el grado de aceptación/imposición de las nuevas funciones hacia sus propias fuerzas armadas.
Como un patrón muy general, aquellas que aplicaron el modelo de ajuste autónomo, como Chile y Brasil, Paraguay y Ecuador, han sido renuentes hasta el presente, para admitir cambios profundos en sus doctrinas y misiones. Por el contrario, las fuerzas armadas que se acomodaron a la democracia sin condiciones, y optaron por roles totalmente pasivos en el nuevo modelo, como es el caso de Bolivia y Perú, aceptaron los cambios impuestos, y actualmente están abocados a cumplir tareas que exceden lo militar.
Un cambio actual, referido a la tendencia sostenida hacia la incorporación militar en tareas no tradicionales, de las cuales mantiene una alta prioridad la lucha antinarcóticos, debe entendérselo como la matriz que guíe dos aspectos: El tratamiento adecuado al problema en sí, y la consideración de la generación de tensiones institucionales. Entonces, la lucha se la debe entender desde dos perspectivas:
1. Como una actividad delictiva, cuyo tratamiento está normado y penado legalmente por leyes específicas.
2. Como un Conflicto de Baja Intensidad, problema que atañe a la Seguridad Nacional, es decir, que afecta la integridad del Estado.
En el primer caso, corresponde a la Policía dar solución a los problemas que el narcotráfico genere. En el segundo caso, serían las fuerzas armadas las encargadas de enfrentarlo.
Al haber incursionado los militares en esas tareas, es claro que la posibilidad de tensiones y hasta enfrentamientos entre ellos y Policía, está perfectamente percibida por ambas instituciones, en razón de que la intervención militar significaría la suplantación de tareas policiales, y desplazamiento de esta institución de sus legítimas funciones.
En este sentido, si no se definen bien las matrices que definen las misiones militares en el tema, y faltan parámetros precisos de evaluación, estas podrían convertirse en los “chivos expiatorios” de los políticos (Ejecutivo y Legislativo), quienes tratarían de culpar a la institución militar ante un potencial fracaso en la guerra contra las drogas, y así de alguna manera redimirse ante la sociedad.
Bolivia y su experiencia
Líneas arriba, habíamos hecho referencia a los dos modelos de transición democrática. En países como Bolivia, las Fuerzas Armadas se han visto obligadas por la profunda crisis política a la que llevaron quince años de gobiernos a su cargo, a optar por el segundo modelo, de acomodamiento, sin capacidad de influencia política, lo que las convirtió inicialmente – después del retorno a la democracia - en actores pasivos. Hoy, en función de la crisis que la institución armada soporta, los militares aceptaron el reto de combatir las drogas, pero la relación se ha tornado más de conveniencia que de compromiso institucional.
En el caso boliviano, la incorporación militar a la lucha antinarcóticos ha generado un problema crucial: La intensificación del conflicto administrativo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en materia de seguridad, frente a las amenazas del narcotráfico. Los militares tienen clara conciencia de los problemas que se les ponen al frente como consecuencia de aquello, especialmente en lo que toca a su relación con la población civil afectada, a la cual la consideran parte de su propia existencia.
El soldado es parte del pueblo; la mayor parte de la tropa proviene del campo, y muchos de ellos de la misma zona de operaciones, razón por la que no puede enfrentarlo. El costo de la erradicación es muy alto, y se cuenta en muertes de civiles y uniformados. Las organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos registraron oficialmente algunas pérdidas; sin embargo, muchos de los daños no tienen registro ni están en las estadísticas. Además se cuentan las torturas, allanamientos y detenciones que sufrieron los campesinos.
A pesar de todo, las fuerzas armadas se encuentran en la actualidad ejecutando esas tareas, justificándolas como una forma de sentar soberanía, antes que lo hagan fuerzas armadas extranjeras.
CONCLUSIONES
Si se busca entender adecuadamente los nuevos horizontes militares en el presente, éste es el momento propicio para considerar cómo un ejército profesional se prepara para combatir el próximo conflicto. Entonces, surge la necesidad de examinar la cuestión de cómo educar y entrenar a unas fuerzas armadas en transición, que puedan identificar y emprender una nueva misión vital en tiempos de paz, sin invadir espacios de otras instituciones estatales.
La formación de grupos paramilitares armados, la conformación de alguna forma de gobierno paralelo al legal, o la reproducción de la violencia en proporciones tales que las policías no sean suficientes en su capacidad de enfrentar, constituirán elementos legitimadores del accionar de las fuerzas armadas en la represión el delito. Mientras tanto, este queda muy corto de justificativo.
Es que el uso de la institución militar en la lucha antidrogas, ha generado violencia progresiva en las zonas afectadas, debida principalmente a las acciones coercitivas destinadas a la erradicación, intervenciones a la propiedad privada, violaciones a los Derechos Humanos, en tanto se invade propiedad privada, se agrede físicamente a sus moradores, se restringe la libre circulación; prácticamente se anula el derecho de expresión, merced a las permanentes amenazas de tortura y presión. Los resultados logrados como consecuencia de la forma en que los gobiernos encaran el problema han sido hasta el presente en su mayoría negativos.
· Alcides Costa Vaz. Narcotráfico y fuerzas armadas en America Latina
· NYE, Joseph S. "Corruption and Political Develoment: a Cost-Benefit Analysis", American Political
· http://www.primicias.com.do/articulo,20711,html
· http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=118159
CONCLUSIÓN
Como hemos podido ver la misión del Defensor del Pueblo es la protección y defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo es un Investigador del Estado, investido por la ley de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector publico y de aquellas entidades no publicas que presten servicios públicos. Y en aquellos casos, de que un funcionario de la administración pública o de entidades prestadoras de servicios públicos realice un acto de exceso, ilegal o arbitrario, que afecte a un particular o a una colectividad, éstos podrán dirigirse ante el Defensor del Pueblo y plantear la queja o reclamación que corresponda.
Esta actuación apodera de manera directa al Defensor del Pueblo, quien deberá realizar las investigaciones que considere necesarias. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no tiene faculta de modificar o anular actos de la administración publica, aunque puede sugerir cambios en los criterios que han servido de bases para crearlos o aplicarlos.
BIBLIOGRAFÍA
· Constitución de la República Dominicana.
· Ley No. 19-01 Que instituye el Defensor del Pueblo.
Subculturas que reflejan diferencias en el país:
Estas diferencias pueden ser por:
· Región geográfica
· Origen étnico
· Otras subculturas
Demografía: Son características como el origen étnico, la edad, el género y la religión; algunas subculturas se vinculan con etnias o región geográfica
Subculturas que reflejan diferencias industriales:
Geert Hofstede señala que las culturas industriales se comparan mediante las dimensiones:
· Control flexible (Los códigos permiten variaciones) – Control estricto (Reglas y tácticas)
Subculturas que reflejan diferencias ocupacionales:
Ocurre cuando las subculturas suelen reflejar especialidades de negocios o funciones. Las prácticas de socialización ocupacional pueden ser fuentes de adoctrinamiento cultural.
Repercusiones de las subculturas organizacionales:
Cultura organizacional sólida: Ocurre cuando los elementos culturales más observables proyectan un mensaje congruente y único, gerentes y empleados comparten un estilo de comportamiento común, normas y los resultados se miden de la misma manera. Provoca pautas de comportamiento predecibles y específicas.
En una organización monolítica, una cultura o subcultura de mayoría única determina la cultura organizacional y se espera que los integrantes de otras culturas o subculturas adopten las normas y los valores de la mayoría.
Subculturas múltiples: Una organización plural posee una organización más heterogénea, las normas aún son las de la cultura predominante pero los miembros de otros antecedentes culturales cumplen diversas laborales en todos los niveles de la organización. Se aceptan las diferencias culturales
Una organización multicultural es la que cuenta con una fuerza laboral que representa la mezcla completa de las culturas que se encuentran en la población en general, y que se comprometen a utilizar ampliamente estos recursos humanos.
COMO MANEJAR LA DIVERSIDAD CULTURAL
La diversidad cultural comprende la mezcla completa de culturas y subculturas a que pertenecen los integrantes de la fuerza laboral.
Objetivos organizacionales para manejar la diversidad cultural
Acatamiento de las leyes: Sujetarse a leyes que prohíben la discriminación.
Creación de una cultura positiva: Todos se sienten igualmente integrados al sistema en su conjunto.
Creación de valor económico: Con una cultura organizacional positiva se puede:
1. Desarrollar productos y servicios para nuevos mercados
2. Atraer una gama de clientes más amplia
3. Mejorar la satisfacción del cliente y aumentar los negocios con la conservación de los clientes
4. Reducir costos, en particular los relacionados con los litigios.
CONCLUSIÓN
Se define la cultura como el conjunto de pensamientos, sentimientos, motivaciones y comportamientos. La cultura de una organización puede reflejar la influencia de las culturas que hay en las sociedades en donde se encuentra la organización.
Los elementos fundamentales de la cultura son las suposiciones, los valores y normas, la socialización, los símbolos, el lenguaje, los relatos y las prácticas.
Las cuatro modalidades básicas de las organizaciones son: clan, emprendedora, burocrática y de mercado; pudiéndose darse un híbrido de éstas en las organizaciones y necesitando diferentes tipos de culturas en marcos temporales y espaciales diferentes de una misma organización.
Es importante mantener un grado considerable de diversidad cultural en la organización que incluya grupos minoritarios ya que esto mejorará la productividad, reducirá los costos, aumentará el incentivo y logrará una mejor consecución de los objetivos de una organización.
BIBLIOGRAFÍA
· Hellriegel/Jackson/Slocum. ADMINISTRACIÓN: Thomson Learning, 9a Edición. México: 2002.
· Abravanel, H. (1982): CULTURA ORGANIZACIONAL, Legi.
· Alabart, Y. y Portuondo, A. L. (1999): LA CULTURA ORGANIZACIONAL. Una Variable a Considerar en la Competitividad Empresarial. Folletos Gerenciales. No. 3. CCED, MES.
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